Dentro del drama de los detenidos desaparecidos, hay situaciones que por sus especiales
características han producido un fuerte impacto en la opinión pública. Así ha ocurrido con las
diversas maniobras que la Dictadura puso en acción para tratar de ocultar los secuestros,
minimizar su importancia o desacreditar a los denunciantes.
La dictadura no se detuvo ante nada: mintió, se contradijo, e implicó a otros gobiernos.
El 12 de junio de 1975, el vespertino "La Segunda" publicó con grandes titulares, en primera
página, que: "Dos mil marxistas reciben instrucción en Argentina" y que "se organizan
guerrillas en contra de Chile". En la misma edición, agregó en la pág. 28: "Fuerzas de
Seguridad del ejército argentino detectaron que dirigentes del MIR, a los cuales se da
por desaparecidos en Chile y que las organizaciones internacionales al servicio del marxismo
dan por asesinados, se entrenan en Argentina e incluso comandan compañías guerrilleras",
y señaló que más de dos mil chilenos se preparan para reingresar al país para hacer la
guerrilla "contra las fuerzas armadas chilenas", afirmando que algunos de ellos ya habían
sido detenidos en la provincia de Talca, al Sur de Santiago. Este fue el comienzo de la
campaña que configuró el "caso de los 119".
¿Quiénes son los llamados 119? Se trató de una campaña de la Dictadura que uso todos los
medios a su alcance para deshacerse de la incómoda situación de los presos "desaparecidos",
campaña necesaria ya que para esos días se estimaba probable una visita a Chile, de la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU, cuyo ingreso al país fue, finalmente, denegado por
la Dictadura. Los 119 son los secuestrados por la DINA cuyos nombres la dictadura incluyó en
la nómina de chilenos que se encontrarían en el exterior, sosteniendo que muchos de los cuales
habrían caído a manos de sus propios compañeros de organización o en enfrentamientos con
fuerzas de seguridad extranjeras.
El revuelo internacional creado en torno al caso hizo que el problema pasara a ser
conocido mundialmente. Veamos cómo la Dictadura continuó esa campaña.
Los días 14 y 16 de junio, el diario "El Mercurio" anunció que 50 guerrilleros habían sido
detenidos en Talca y que otros dos grupos habrían cruzado la frontera desde Argentina en un
plan combinado del MIR chileno y el ERP argentino. El diario dice que "informaciones
provenientes de Buenos Aires" dan cuenta de un enfrentamiento con Carabineros
(policía chilena) en el que se habrían producido algunas bajas. El 16 de junio, el diario
"Las Últimas Noticias" reitera la campaña, atribuyendo las informaciones a "fuentes
extraoficiales chilenas" o "fuentes chilenas generalmente bien informadas".
Días más tarde, es el diario "La Tercera" el que denuncia la existencia de un "siniestro
plan rojo" y repite las expresiones acerca de extremistas que ingresaban a Chile por los
pasos cordilleranos para llevar a cabo sabotajes y atentados contra personeros influyentes
tanto civiles como uniformados. En igual sentido son las publicaciones de "La Segunda"
del 25 de junio.
La campaña de prensa no era en absoluto ajena a la Dictadura . No sólo era la dictadura la
que había ordenado su montaje, sino que además, uno de sus principales voceros, el General
Hernán Béjares, Secretario General de Gobierno, había declarado el 13 de junio que
"numerosos extremistas, a los que agencias noticiosas del exterior interesadas o comprometidas
con el marxismo dieron como eliminados o asesinados por los medios de seguridad del país,
se encuentran realmente muy vivos y preparándose para actuar coercitivamente contra nuestro
gobierno".
El 29 de junio, el diario "La Patria" editorializa sobre el caso, afirmando que los
"extremistas" tenían en su poder un "bien estudiado plan de acción terrorista". Agrega que
se realizarían manifestaciones en lugares céntricos, a la salida de las Iglesias, etc. y que
este rebrote de acciones para alterar el orden público tenía como objeto desatar la guerrilla
urbana y rural en el país.
El 6 de julio, "La Tercera" publica una crónica de su corresponsal en Mendoza, Julián
Gabriel, el que asegura haber descubierto militantes del MIR haciéndose pasar por agentes de
la DINA y deteniendo a sus propios compañeros, que luego formarían parte de un
llamado "Ejército de los Andes". El periodista añade que se trata de un plan del MIR para
engañar a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
El 11 de julio, en una pequeña localidad cercana a Buenos Aires, fueron hallados dos
cadáveres, que portaban entre sus ropas documentos chilenos. Según las versiones de la
dictadura, profusamente publicitadas en la prensa de Santiago, se trataría de los jóvenes
Jaime Robotham y
Luis Guendelman (en la foto a la izquierda), de quienes se sabía habían sido detenidos por la DINA y
por los que existían recursos de amparo pendientes y gestiones de Amnesty International. El
diario "La Segunda" del 15 de julio, en su pág. 36, dice que "los dos miristas chilenos que
fueron ejecutados por su propia organización en Argentina, fueron identificados en Chile".
El periódico concluye que "de esta forma se comprueba que gran parte de las denuncias sobre
asesinatos y desapariciones de izquierdistas en Chile, son inventadas y que estos individuos
gozan de buena salud en el extranjero".
El 18 de julio, la revista "Lea" de Argentina, publicó con caracteres de escándalo, una nota
fechada en México que aseguraba que "alrededor de 60 extremistas chilenos habrían sido
asesinados en los últimos meses en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia
por sus propios compañeros de lucha", calificando la acción como "un vasto e implacable
programa de venganza y depuración política". Pocos días después, otra publicación O'Día de
Curitiba, en Brasil afirmaba que 59 "extremistas chilenos" fueron identificados entre los
guerrilleros que murieron en enfrentamientos con efectivos policiales en la provincia de Salta,
Argentina. La prensa chilena, totalmente controlada por la dictadura, desplegó una inusitada
campaña publicitaria sobre la base de las informaciones de las publicaciones extranjeras
aludidas, incluyendo una nómina de los supuestos extremistas caídos en el extranjero.
Por cierto, eran los nombres de una parte de los secuestrados durante 1974 por la DINA.
"El Mercurio", pretendiendo decir la última palabra, editorializó el 25 de julio refiriéndose
expresamente a lo que llama "los 119" dice. "los políticos y periodistas extranjeros que tantas
veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del MIR y culparon al gobierno de la
desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron aceptar".
Hasta aquí la farsa de la Dictadura. Veamos ahora cómo, a los pocos días, todo el siniestro
plan se venía abajo y la propia prensa chilena se veía obligada a abjurar de sus categóricas
afirmaciones.
Empecemos por decir que tanto "Lea" de Argentina, como "O'Día" de Brasil fueron
publicaciones "ad hoc", hechas sólo para el montaje de la farsa de la dictadura. No tenían
existencia real. El supuesto semanario argentino editó sólo el N9 1, aquel en que daba la falsa
noticia. Indicó como su director a José López Rega, jefe de la banda terrorista conocida como
la "Triple A", ex Ministro del gobierno bonaerense. Daba como dirección la de
Brandsen N° 4845, pero ese domicilio no existe. La calle Brandsen termina antes del N° 3000.
Por su parte, la Asociación de Prensa Brasileña declaró no conocer publicación alguna en
Curitiba, ni en todo el Estado de Paraná, con el nombre de "O'Día". Ni siquiera registra
domicilio. Estos hechos ahorran analizar las contradicciones entre ambas publicaciones y
otras consideraciones, como lo inverosímil que resulta que una revista desconocida y un
modesto diario de provincia conocieran al detalle la nómina de supuestos guerrilleros, que
no era del dominio de ninguna agencia de prensa ni en Argentina ni en Brasil, ni los
gobiernos de esos países habían declarado nada al respecto.
En cuanto a los supuestos cadáveres de Guendelman y Robotham, la madre del primero y un
hermano del segundo, se trasladaron a Buenos Aires y entregaron, tras detenido examen,
precisas y concretas evidencias que prueban que esos cadáveres, mutilados y quemados, no
corresponden a sus familiares. En el caso de Guendelman, su madre señaló a las autoridades
argentinas que su hijo había sido operado cuando niño y le habían sacado el hueso de la cadera
izquierda y del sacro. El cadáver identificado como el de su hijo, tenía esos huesos; agregó
la madre: "el cadáver no tenía todos sus dientes, algunos estaban torcidos. Mi hijo tenía una
dentadura completa y sana.
A su vez, el hermano de Robotham afirmó: "el cadáver que supuestamente era el de mi hermano
medía, según los expertos legales 1 metro 67 en tanto mi hermano Jaime medía 1 metro 73",
precisando además ostensibles diferencias entre la dentición de su hermano y la del cadáver y
que la fotografía del carnet de identidad chilena que se encontró entre las ropas del occiso,
no era la de su hermano, ni la firma ni el número de la cédula eran auténticos.
Pero las cosas fueron más allá: a fines de julio, el cuerpo diplomático acreditado en Chile,
encabezado por su Decano, el Nuncio Apostólico, reclamó formalmente ante la Cancillería de la
Dicatadura para dejar en claro que en los países aludidos en las publicaciones de prensa, jamás
ocurrió ninguno de los hechos difundidos y que ningún chileno murió en dichos países.
En Colombia, medios oficiales desautorizaron la campaña de prensa de la Junta; el Jefe de la
Dirección Administrativa de Seguridad (DAS), general Joaquín Matallana, declaró: "En Colombia
no ha sido asesinado ningún chileno". Declaraciones similares formularon en su caso personeros
de Venezuela y México.
En Argentina, el diario "La Opinión" afirmó el 10 de agosto que "una gran conspiración, con
vínculos en territorio argentino imaginó métodos siniestros que superan todo lo conocido de
la Alemania de Hitler, acudiendo a publicaciones fantasmas en el extranjero y a cónsules que
se prestan a difundir cédulas de identidad falsificadas".
El 18 de agosto, el semanario norteamericano "Times" señalaba: "El terrorismo derechista de
ambos lados de Los Andes se confabuló en la desaparición de 119 ciudadanos chilenos". La
revista afirma que la relación de trabajo entre la Triple A de Argentina y la DINA chilena
sirve sus intereses mutuos. "La DINA tiene una larga lista de nombres para los cuales necesita
cadáveres y la AAA tiene cadáveres para los que necesita nombres".
Pinochet había quedado al descubierto. Había ahora que echar pie atrás. En el
desenmascaramiento de la farsa jugaron un destacado papel, en primer término, los familiares
de los detenidos y también la Iglesia Católica. La revista jesuita "Mensaje", el 28 de julio,
bajo el titulo de "¿Dónde están?", publicó un documentado trabajo acerca de los 119 que,
junto con demostrar la falsedad de las afirmaciones de la Junta, constituyó una valiente
acusación.
"El Mercurio", con su habitual descaro, pasando por sobre lo que había escrito la semana
anterior, en una editorial del 3 de agosto, se pregunta alarmado por la suerte de los
119 chilenos y pide de la Junta una aclaración. "Han transcurrido los días y ni las
autoridades chilenas ni las argentinas se refieren al caso", dice el diario y agrega:
"el tema no es por cierto de los que puedan pasar inadvertidos, tratándose de la suerte
de más de un centenar de chilenos, cuyos familiares sufren su desaparecimiento".
Termina señalando el deber de la Junta de informar sobre el particular para no dar
"nuevos alientos a los enemigos de Chile". La revista "Ercilla" y hasta la fascista
publicación "Qué Pasa", en la primera quincena de agosto, expresan también su preocupación
por el esclarecimiento de los hechos, dando por descontado que no son ciertas las
publicaciones de "Lea" y O'Dia.
Por esa misma fecha, la Embajada de Chile en Argentina hace llegar a "La Opinión" de Buenos
Aires una inserción pagada desmintiendo lo que llama "antojadizas publicaciones sobre la
supuesta desaparición de 119 ciudadanos chilenos" y calificando de irresponsables las
insinuaciones de que el gobierno chileno estaría involucrado en la falsificación de documentos
y en la atribución fraudulenta de identidad a los cadáveres aparecidos en Argentina.
Paralelamente, el Cónsul general de Chile en Buenos Aires, Alvaro Droguett, reconoció a la
agencia Latina que el cotejo de sus registros consulares con la nómina de la revista "Lea"
permitía concluir que ninguno de los que allí figuran como muertos, estuvo jamás inscrito en
la representación a su cargo como ingresado a territorio argentino. En los últimos días de
agosto, Droguett fue relevado de su cargo.
La indignante farsa no sólo mereció el repudio internacional. En Chile hubo también protestas
y condenas. La más significativa fue la huelga de hambre que el 8 de agosto de 1975 que por
varios días mantuvieron 80 prisioneros del campo de concentración de Puchuncaví, que habían
sido detenidos o habían permanecido en distintos centros de torturas con muchos de los chilenos
incluidos en la fatídica nómina.
En estas circunstancias, Pinochet se vio obligado a renunciar a la maniobra y en su
discurso público del 20 de agosto, expresó cínicamente que, a fin de terminar con tantas
especulaciones, había ordenado "investigar exhaustivamente la situación por la vía
administrativa". Por supuesto, jamás hubo investigación alguna. Los 119 continúan
desaparecidos. Pero ante la opinión pública nacional e internacional quedó absolutamente claro
que estaban en poder de la DINA.
